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  Crimen de Lesa Humanidad - Aspectos filosófico jurídicos

Martes 23 de noviembre de 2004, por Javier Giraldo M. , S.J.

HUMANOS QUE SUFREN
Y HUMANIDAD LESIONADA

El Crimen de Lesa Humanidad

Aspectos filosófico jurídicos

Nadie duda de que la solidaridad de la especie humana, esa que nos hace revolver el estómago cuando leemos en periódicos o en libros algún relato sobre los riegos de Napalm en Vietnam, sobre las torturas practicadas en Argelia o en Iraq, o sobre las desapariciones perpetradas en Argentina, y que nos impulsa a protestar de mil maneras y a buscar acciones concertadas entre los que sentimos que nos duele nuestra humanidad en muchos rincones del planeta; nadie duda de que esa solidaridad es un derecho humano natural, que está muy por encima de cualquier formulación legal de derechos.

Pero esto ha penetrado también en el ámbito de lo jurídico. La tipificación del Crimen de Lesa Humanidad en el derecho internacional se ha apoyado justamente en ese sentimiento que es patrimonio universal. En lo que va de los tribunales de Nüremberg y de Tokio (1946) a la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional en Roma (1998) se ha desarrollado toda una doctrina jurídica que mira, tanto a definir este tipo de crimen que hiere, lesiona o causa daño a la humanidad en cuanto humanidad, como a encontrar un tratamiento penal adecuado para proteger a la especie de los efectos inexorables de su impunidad.

Agresiones que tienen como objetivo una franja de población, cualquiera sea su identidad o afinidad, y que se concretan en asesinatos, persecuciones, formas de esclavitud o de segregación, deportaciones y desplazamientos forzados, torturas y encarcelamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, abusos sexuales e intentos de exterminio, así como las que miran a la supresión progresiva de un grupo humano con alguna identidad colectiva (genocidio), son prácticas ya consagradas en el derecho internacional como crímenes de lesa humanidad.

Desde el juicio de Nüremberg se caracterizó este tipo de crimen como aquel que responde a un patrón sistemático o de escala, que de alguna manera revela una política de Estado, así no sea confesa o aparezca camuflada bajo otros ropajes. El actual Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en sentencia del 7 de mayo de 1997, definió esa característica de sistematicidad que se hace necesaria para que un crimen traspase las barreras del derecho común e interno de los Estados y sea asumido por el derecho internacional con carácter de crimen de lesa humanidad, con estas palabras: “crímenes que, ya sea por su magnitud y salvajismo, o por su gran número, o por el hecho de que un parámetro similar fuere aplicado en diferentes momentos y lugares ...” [1]

Los expertos que la ONU ha buscado como asesores o relatores de la Comisión de Derecho Internacional para la codificación de estas opciones jurídicas, han coincidido en afirmar que lo que hace que estos crímenes lesionen a la humanidad es la intención que se revela detrás de la reiteración de actos, la cual lleva a concluir que un crimen no es aislado, individual o fortuito, sino que busca destruir conjuntos de vidas y/o valores que pertenecen al patrimonio de la especie, la cual funda su riqueza en la diversidad de razas, etnias, nacionalidades, lenguas, religiones, ideologías, formas de pensar y convivir y sistemas de organización social, así como en el reconocimiento mutuo de una dignidad igual y sagrada.

El solo hecho de agredir a un ser humano con formas de violencia que no son tolerables a la sensibilidad común de la especie, cuando esto ocurre no por circunstancias particulares o fortuitas sino por el hecho de que la víctima pertenezca a una raza, etnia, nación, ideología, religión, corriente política o a un conjunto humano que tiene rasgos comunes, revela que el agresor considera válido, o está en su mira, agredir al resto de los miembros de ese grupo humano o que comparten los mismos rasgos, y en tal sentido está lesionando a la humanidad.

Sería absurdo esperar a que el número de víctimas traspase determinados umbrales cuantitativos para autorizar la activación del derecho penal internacional, cuando la maquinaria destructora ha revelado ya su naturaleza y sus alcances. Esta razón fue la que movió al Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, Sr. Doudou Thiam, a acoger la opinión que sostenía que “la intención de los autores tanto de la Convención sobre el Genocidio como del Proyecto de Código era la de reconocer como consumado el genocidio aún en el caso en que el acto (homicidio, etc) hubiere sido cometido respecto de un solo miembro de un grupo determinado, con la intención de destruirlo “total o parcialmente”” [2]

El mismo Relator Especial de la ONU antes citado, caracterizó el crimen de lesa humanidad relacionándolo con los significados más universales que tienen los términos “humanidad” e “inhumanidad” en el lenguaje común y corriente.

Uno de esos significados está referido a la sensibilidad, y por eso llamamos inhumano a lo que nos parece insoportable por su brutalidad o desprecio del dolor ajeno, y humanos a los comportamientos que tienen en cuenta ese dolor ajeno y tratan de evitarlo o aliviarlo.
Un segundo significado se refiere a la humanidad en cuanto esencia o conjunto de atributos de especie, así como se podría hablar de “animalidad” o de “vegetalidad”, y en este sentido se considera al miembro de la especie “humanidad” como dotado de una dignidad y unos derechos esenciales que deben ser universalmente reconocidos como inherentes a su ser mismo de humano.
Un tercer significado tiene un cierto carácter cuantitativo y se refiere al conjunto de los seres que comparten la misma especie y al conjunto de características típicas que conforman la cultura o maneras diversas de ser humano y de relacionarse con el mundo: razas, etnias, lenguas, religiones, naciones, ideologías, sistemas, opiniones etc, que configuran el patrimonio de la especie en cuanto especie.

Por eso el Relator Especial afirma: “el crimen contra la humanidad podría concebirse en el triple sentido de crueldad para con la existencia humana, de envilecimiento de la dignidad humana, de destrucción de la cultura humana. Comprendido dentro de estas tres acepciones, el crimen de lesa humanidad se convierte sencillamente en “crimen contra todo el género humano” [3].

Estos mismos principios llevaron al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia a definir el sujeto pasivo de este crimen así: “el concepto de la humanidad como víctima () caracteriza de manera esencial los Crímenes de Lesa Humanidad” [4]

Toda esta doctrina jurídica no tendría incidencia en la realidad si no hubiera mecanismos jurídicos para urgir su aplicación. Esto explica que se haya ido reconociendo progresivamente una JURISDICCIÓN UNIVERSAL para el enjuiciamiento y castigo de los perpetradores de este tipo de crímenes.

Una sentencia famosa de la Corte Internacional de Justicia, de La Haya, del 5 de febrero de 1970, se refería a ciertas obligaciones de los Estados para con toda la comunidad internacional, como parte esencial del Derecho Internacional, y hace derivar esas obligaciones de unos “derechos en juego”, los cuales, dada su importancia, hacen que todos los Estados tengan “un interés jurídico en que esos derechos sean protegidos”. Y concreta esos “derechos” como “los principios y reglas que se refieren a los derechos fundamentales de la persona humana”. La Corte define el tipo de obligación que vincula a los Estados con la protección de esos bienes jurídicos universales como “obligationes erga omnes” (obligaciones para con toda la humanidad). [5]

Para que esto tenga aplicación, se cae de su propio peso la JURISDICCIÓN UNIVERSAL, o sea, la capacidad jurídica de todos los Estados para juzgar a quienes sean culpables de crímenes de lesa humanidad, sin importar el lugar donde los crímenes hayan sido perpetrados, ni la nacionalidad de la víctima ni la del victimario. Como lo reafirmó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, los crímenes de lesa humanidad “son actos inhumanos que por su extensión y gravedad sobrepasan los límites tolerables por la comunidad internacional, la cual debe forzosamente exigir su castigo” [6].

Un jurista catalán anota que esto “supone aceptar el principio de que todos los Estados están capacitados para reclamar la responsabilidad del Estado autor de un hecho internacionalmente ilícito particularmente grave, quebrándose de esta forma el esquema bilateral de la responsabilidad internacional” [7] De aquí se sigue que la responsabilidad del Estado perpetrador puede ser exigida no solo por el Estado víctima sino también por cualquier otro Estado, ya que la relación jurídica de responsabilidad se establece, en estos casos, entre cada Estado y la comunidad internacional en su conjunto. Así que las “ obligationes erga omnes ” (obligaciones vinculantes con la humanidad en su conjunto) implican que todos los Estados adquieren una obligación de proteger un bien jurídico que se considera patrimonio del género humano y esto tiene dos consecuencias: una sustantiva, que es la afirmación de normas vinculantes o imperativas (llamadas en derecho: de “Jus cogens”) con carácter universal, y otra procesal, que exige un mecanismo de protección que englobe a todos los Estados, que es la jurisdicción universal .

Varios instrumentos de derecho internacional, como convenciones internacionales y sentencias famosas, han refrendado esta doctrina. La sentencia contra el famoso criminal nazi Klaus Barbie, emitida por la Corte de Apelaciones de Francia el 6 de octubre de 1983 lo expresaba así: “Por razón de su misma naturaleza, los crímenes contra la humanidad, de los cuales Barbie es acusado, no caen simplemente bajo el objeto del derecho nacional de Francia, sino que están sujetos a un orden penal internacional al cual la noción de fronteras y las normas sobre extradiciones que de allí se deducen le son completamente ajenas”.

También la Convención contra el Apartheid (1973) le reconocía a todos los Estados jurisdicción para perseguir, enjuiciar y castigar este crimen “independientemente de que tales personas residan en el territorio del Estado en que se han cometido los actos o sean nacionales de ese Estado o de algún otro Estado o sean personas apátridas” (art. 4).

Así mismo, los Principios aprobados por la Asamblea General de la ONU para prevenir e investigar las Ejecuciones Extrajudiciales (Resolución 1898/65 del 24 de mayo de 1989) impone a los gobiernos la obligación de juzgar a los culpables de este crimen o extraditarlos a otro país que se proponga juzgarlos, “con independencia de quiénes sean los perpetradores o las víctimas, del lugar en que se encuentren, de su nacionalidad y del lugar en que se cometió el delito” (art. 18). Otros tratados internacionales contemplan normas equivalentes. [8]

Un caso más reciente que ha impactado a todo el mundo es el del ex dictador chileno Augusto Pinochet. La Audiencia Nacional de España afirmó su competencia para juzgarlo apoyándose, entre otros instrumentos, en la Convención Internacional contra el Genocidio, de 1948. La Sala de lo Penal de dicha Audiencia, en auto del 5 de noviembre de 1998, definió a ese variado conjunto de víctimas de la dictadura sangrienta de Pinochet como un “ grupo nacional ”, afirmando allí mismo que cuando se habla de “grupo nacional” no se alude a personas que pertenecen a una misma nación sino a un “grupo humano diferenciado, caracterizado por algo, integrado en una colectividad mayor ...” Y en el caso de las víctimas de la dictadura de Pinochet en Chile, el grupo diferenciado nacional que se trató de destruir era el de aquellos que “no cabían en el proyecto de reorganización nacional”, o el de aquellos que “los que practicaban la persecución estimaban que no cabían” .... “víctimas reales o potenciales, chilenos o foráneos (que) integraron un grupo diferenciado en la nación, que se pretendió exterminar”. Cualquiera puede percibir la similitud de este caso con el de Colombia: este es el tipo de grupos nacionales que se ha pretendido exterminar en Colombia a través de una política de Estado basada en la estrategia paramilitar, o sea, los grupos que en la mente de los victimarios no caben en su proyecto de control territorial e ideológico absoluto.

La necesidad de que el enjuiciamiento de este tipo de crímenes lo asuman otros Estados diferentes a los perpetradores, la expresó muy claramente el primer asesor que las Naciones Unidas buscaron cuando se comenzó a codificar el derecho penal internacional. Este fue el jurista Vespasiano V. Pella, Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal en 1950, quien preparó un extenso y exhaustivo Memorando para el Secretario General de la ONU. Allí afirmaba: “Sería demasiado cómodo para un Estado hacer procesar por su propia jurisdicción a sus nacionales culpables de crímenes internacionales, a fin de que pudieran invocar dichos fallos para sustraerse a la acción de la justicia penal internacional (...) Por otra parte, no hay que perder de vista que, a menudo, estos crímenes se cometen mediante un ejercicio abusivo de la soberanía. Pretender castigarlos aplicando la legislación nacional significa, en muchos casos, pedir al culpable que se castigue a sí mismo” [9].

Javier Giraldo M., S. J.
Septiembre de 2002

Notes :

[1] Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, Caso No. IT-94-I-T, sentencia de mayo 7 de 1997, No. 644

[2] Documento A/CN.4/398*, del 11 de marzo de 1986, No. 31, pg. 6. Este documento contiene el IV Informe del Relator Especial, Sr. Doudou Tima, para el Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad. Allí mismo el Relator cita otros conceptos autorizados que sostienen la misma tesis, por ejemplo, el Congreso Internacional del Movimiento Nacional Judicial Francés, en su resolución sobre la represión de los crímenes nazis contra la humanidad, adoptada en octubre de 1946, donde afirma: “Son culpables de crímenes contra la humanidad y sancionables como tales, los que exterminan o persiguen a un individuo o a un grupo de individuos, por razón de su nacionalidad, de su raza, de su religión o de sus opiniones” (Revue Internationale de Droit Pénal, Paris, año 19, 1948, pg. 384)

[3] IV Informe del Relator Especial, antes citado, pg. 384

[4] Cfr. Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Caso Erdemovic, IT-96-22-T, sentencia del 29 de noviembre de 1996, párrafo 28.

[5] Cfr. International Court of Justice, Year 1970, 5 february 1970, pg. 33 (Caso: Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited)

[6] Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, sentencia caso IT-96-22-T, noviembre 29 de 1996, No. 28

[7] Antonio Blanc Altemir, “La Violación de los Derechos Humanos Fundamentales como Crimen Internacional”, Bosch, Barcelona, 1990, pg. 95

[8] Ver, por ejemplo, versión final del Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, (Doc. Suplemento No. 10 (A/51/10) julio de 1996, art. 8; Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Res. 39/46, del 10 de diciembre de 1984, art. 6.).

[9] Memorando del experto Vespasiano V. Pella, Presidente de la Asociación Inernacional de Derecho Penal, al Secretario General de la ONU, en 1950, a petición de éste: Doc. A/CN.4/39, párrafo 58.

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