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Crimen de Lesa Humanidad - Aspectos histórico jurídicos

Martes 23 de noviembre de 2004, por Javier Giraldo M. , S.J.

El Crimen de Lesa Humanidad

Aspectos histórico jurídicos

El fundamento teórico contextual del CRIMEN DE LESA HUMANIDAD es el concepto básico de los DERECHOS HUMANOS y la tipificación de su violación.

Existe una comprensión popularizada de los derechos humanos, común en el lenguaje coloquial, que los entiende como una exigibilidad ética que debe ser respetada y satisfecha por cualquier otro ser humano, y que se sitúa en el campo de relaciones entre ciudadano y ciudadano. En este ámbito de comprensión, cualquier persona puede “violar los derechos humanos de otra persona”, y cualquiera puede reivindicar sus “derechos humanos ante cualquiera”.

Pero si el término “ derecho ”, en un lenguaje más técnico, se entiende como una exigibilidad operativa que emana de la fuerza vinculante que liga a una estructura garante con la operatividad de esa exigencia, entonces los derechos humanos solo pueden situarse, con propiedad, en el campo de relaciones: ciudadanos / Estado.

En efecto, el único principio que hoy se acepta como legitimante del poder del Estado, es su carácter de estructura garante de los derechos iguales de todos los ciudadanos que representa. Esto explica que al Estado se le reconozca el derecho de crear códigos penales, sistemas judicial, policial y penitenciario, para que pueda arbitrar, evitar y corregir las agresiones de unos ciudadanos contra otros, dentro de un marco jurídico que son los derechos ciudadanos. Pero cuando es el Estado mismo el que se convierte en agresor de sus ciudadanos, éstos quedarían absolutamente desprotegidos. De allí que la tradición jurídica universal reconoció desde tiempos remotos un área de derechos superiores al Estado, los cuales se reivindican, no ya en calidad de ciudadanos del Estado, sino en calidad de seres humanos, derechos que el Estado tiene la obligación de garantizar, no solo para legitimarse ante sus propios ciudadanos sino ante la comunidad internacional. Esto toma expresión jurídica cuando los Estados suscriben los convenios internacionales de Derechos Humanos y se vinculan jurídicamente con su cumplimiento ante la comunidad internacional.

Por eso la expresión DERECHOS HUMANOS, en contraposición a la de derechos ciudadanos, se reservó para designar esa área de defensa de los ciudadanos, en cuanto seres humanos, ante un eventual Estado-agresor, área que vincula al Estado por encima de su derecho interno, y que al ser transgredida deslegitima al mismo Estado y legitima “ipso facto” la intervención de la comunidad internacional, que de alguna manera traduce la solidaridad de especie de los humanos para la salvaguarda de sus atributos esenciales.

Cualquier mirada que se dé a la historia de las formulaciones de los derechos humanos, a través de las cartas o declaraciones de derechos, de alcance nacional o internacional, se comprueba que éstas constituyeron siempre conquistas de los pueblos y sectores oprimidos y victimizados frente a los abusos de las estructuras de poder.

En los últimos años, la oleada ideológica neoliberal, que ha querido debilitar al máximo la estructura de los Estados para transferir su poder regulador a grupos privados económicamente poderosos, también ha buscado privatizar el concepto de derechos humanos, trasladándolo, abierta o veladamente, desde el ámbito de las relaciones ciudadanos / Estado, al ámbito de las relaciones ciudadano / ciudadano, desconociendo toda su fundamentación teórico conceptual, filosófica, jurídica, histórica, política y práctica.

Las consecuencias de una tal trasferencia serían graves. En primer lugar, se despoja el concepto de derechos humanos de estructuras garantes y operativas, reduciéndolo a un campo ético genérico, carente de instrumentos protectores. En segundo lugar, un concepto que se extiende a campos referenciales demasiado amplios o extensos, cae en la vaguedad, en la ambigüedad, en la trivialidad, en la banalización y en la inoperancia. En tercer lugar, cuando una responsabilidad es compartida por un conjunto muy amplio de personas, se diluye en la inexistencia, lo que se expresa en el dicho: “cuando todos son culpables, nadie es culpable”. En cuarto lugar, cuando el mismo lenguaje de reivindicación de los derechos humanos va tomando como blanco y objetivo a personas o grupos privados, o a “la sociedad” (en abstracto) como tal, el uso de ese lenguaje va postulando que a personas y grupos privados se les otorguen instrumentos para garantizar esos derechos, en otros términos, instrumentos judiciales y sancionatorios, lo que va legitimando un retorno a la “Ley del más fuerte”, o a las formas de “justicia privada”, que son, de hecho, las más generalizadas hoy en Colombia.

No convence, en absoluto, la remodelación neoliberal de los derechos humanos. La manera más auténtica, consistente y coherente con principios filosóficos, jurídicos, políticos, históricos y operativos sustentables, es continuar considerando los derechos humanos como una reserva jurídica de defensa de los ciudadanos, en cuanto seres humanos, frente al poder estatal, legitimada y operativamente protegida por la comunidad internacional.

Sobre este mismo piso filosófico - jurídico se construye el concepto de CRIMEN DE LESA HUMANIDAD.

Como lo anota en una de sus sentencias el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el término “Crimen de Lesa Humanidad” fue utilizado, en sentido no técnico, desde 1915 y en declaraciones posteriores a la Primera Guerra Mundial, pero la primera vez que se usó técnicamente, como concepto independiente, fue en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Nürnberg que enjuició a los criminales nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que motivó a echar mano de esta categoría fue la insuficiencia de la categoría Crimen de Guerra, que no podía aplicarse sino a actos que afectaran a combatientes enemigos, dejando por fuera los crímenes cuyas víctimas eran del mismo país, o de Estados aliados, o apátridas. Por esto, la introducción del concepto de “crimen de lesa humanidad” respondió a la insuficiencia del concepto tradicional de “crimen de guerra” y se introdujo como una ampliación del mismo. El Tribunal de Nürnberg se limitó a justificarla diciendo: “desde el comienzo de la Guerra en 1939 fueron cometidos Crímenes de Guerra a gran escala que eran también Crímenes de Lesa Humanidad”. De allí que en el artículo 6 del Estatuto, el Crimen de Lesa Humanidad se concibe siempre “en conexión con algún crimen contra la paz o algún crimen de guerra”. [1]

El 11 de diciembre de 1946, por medio de la Resolución 95(I), la Asamblea General de la ONU adoptó, como base de un derecho penal internacional, los Principios del Estatuto y de la Sentencia del Tribunal de Nürnberg, y encargó a la naciente Comisión de Derecho Internacional, de codificarlos. En su primera formulación (1950), el Crimen de Lesa Humanidad aparece todavía ligado a los Crímenes de Guerra o a los Crímenes contra la Paz, pero ya en el primer Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad (1954), el Crimen de Lesa Humanidad pasa a ser autónomo. En su cuarto informe sobre el Proyecto, presentado en 1986 por el Relator Especial, luego de un receso en los trabajos del Código que duró de 1954 a 1985, éste afirmó: “(la) autonomía relativa se ha transformado en autonomía absoluta. Actualmente el Crimen de Lesa Humanidad puede perpetrarse tanto en el marco de un conflicto armado como fuera de él”. [2] Pero en la sentencia antes citada, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia sostiene que esa autonomía ya existía desde que se emitió la Ley No. 10 del Consejo de Control de los Aliados sobre Alemania, el 20 de diciembre de 1945, en la cual se define el Crimen de Lesa Humanidad sin referencia alguna a conflictos armados. [3]

La más acabada definición que surge de toda esta coyuntura histórica, es la contenida en el Proyecto de Código de 1954, que define así el CRIMEN DE LESA HUMANIDAD:

-  (Son) los actos inhumanos, tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales, perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia [4]

En el período comprendido entre 1986 y 1998, el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad tuvo un agitado debate, hasta su formulación definitiva por parte de la Comisión de Derecho Internacional en 1996. En los últimos años sus trabajos se cruzaron con la elaboración del Estatuto para un Tribunal Penal Internacional, que finalmente fue aprobado en Roma, en una Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios, el 17 de julio de 1998. La definición del Crimen de Lesa Humanidad sufrió algunas modificaciones en todo este proceso. En estos dos instrumentos, el Crimen de Lesa Humanidad se define así:

Proyecto de Código 1996 Estatuto Tribunal Penal Internacional
Art. 18: Por crimen contra la humanidad se entiende la comisión sistemática o en gran escala e instigada o dirigida por un gobierno o por una organización política o grupo de cualquiera de los actos siguientes:
Asesinato;
Exterminio;
Tortura;
Sujeción a esclavitud;
Persecución por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos;
Discriminación institucionalizada por motivos raciales, étnicos o religiosos que suponga la violación de los derechos y libertades fundamentales y entrañe graves desventajas para una parte de la población;
Deportación o traslado forzoso de poblaciones, con carácter arbitrario;
Encarcelamiento arbitrario;
Desaparición forzada de personas;
Violación, prostitución forzosa y otras formas de abuso sexual;
Otros actos inhumanos que menoscaben gravemente la integridad física o mental, la salud o la dignidad humana, como la mutilación y las lesiones graves.
Art. 7: A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

Asesinato;
Exterminio;
Esclavitud;
Deportación o traslado forzoso de población;
Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
Tortura;
Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable;
Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, sexuales u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
Desaparición forzada de personas;
El crimen del apartheid;
Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

En algunos aspectos, estas definiciones avanzan sobre la de 1954 en la enumeración de algunas conductas, como la de desaparición forzada o la de desplazamiento forzado dentro de un mismo Estado, cuya práctica es más reciente. Pero, en general, como puede verse, los dos artículos son muy similares y comprenden los mismos items. Hay algunas diferencias de matices como estas:

El Proyecto de Código/96 extiende el concepto de Apartheid a su matriz más general de discriminación por diversos motivos. Por su parte, el Estatuto/98 se extiende un poco más en la enumeración de abusos sexuales y en la definición de la Persecución y de la Encarcelación.

En la explicaciones oficiales incorporadas a ambos textos, hay matices en la forma de entender el Exterminio. Para el Proyecto de Código/96, el Exterminio se diferencia del asesinato “por un elemento de destrucción masiva”, y del genocidio porque “comprende los casos en que se mata a grupos de personas que no comparten características comunes” o “casos en que se mata a algunos miembros de un grupo pero no a otros”. Para el Estatuto/98, el Exterminio comprende “la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”. Se entiende, pues, de todos modos, que la víctima del Exterminio es una población que no necesariamente comparte características comunes.

La Persecución, para el Proyecto de Código/96, tiene como “característica común (...) la denegación de los derechos humanos y libertades fundamentales que corresponden a todas las personas sin distinción” y se aplica a actos “en que no existiera la intención específica que requiere para el crimen de genocidio el art. 17 (de destruir total o parcialmente un grupo). Para el Estatuto/98, la Persecución se entiende como “la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional, en razón de la identidad del grupo o de la colectividad”.

Muchos aspectos discutibles y preocupantes tiene el Estatuto/98: no tiene acción retroactiva (art. 11 y 24) apartándose así de la tradición jurídica referida a los crímenes de lesa humanidad y dejando en la impunidad la enorme cantidad de crímenes de esta especie perpetrados hasta que el Estatuto entre en vigencia; no tipifica la forma más generalizada de genocidio que es la que busca exterminar grupos políticos; desconoce mecanismos fundamentales como el reconocimiento de una Parte Civil en los procesos; introduce obstáculos que pueden inhibir por completo las actuaciones del Tribunal, como la posibilidad de veto del Consejo de Seguridad (art. 16), o la necesidad de contar con la ratificación de 60 Estados para entrar en vigencia; desconoce muchas definiciones y procedimientos que ya hacían parte del Derecho Internacional en otros tratados, cuya aplicación podría ser más efectiva que el mismo Tribunal. Pero el punto más polémico y discutible de ambos instrumentos [incluyendo el Proyecto de Código/96] es su AMPLIACION DEL SUJETO ACTIVO del Crimen de Lesa Humanidad, para introducir la posibilidad de que estos crímenes sean perpetrados por cualquier tipo de “grupos” u “organizaciones”, y ya no solamente por los Estados o sus organizaciones paraestatales. Es una innegable concesión a la ideología neoliberal.

El Proyecto de Código/96, afirma que tal crimen puede ser cometido, fuera de los gobiernos, “por una organización política o grupo”. El Estatuto/98, en el literal a, del parágrafo 2 del artículo 7 explica: “Por ‘ataque contra una población civil’ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política”.

No hay duda de que con esos incisos se rompe la base conceptual (filosófico-jurídico-histórico-político-operativa) de los derechos humanos y del crimen de lesa humanidad, en cuanto área de defensa de los ciudadanos/seres humanos frente a un eventual Estado agresor.

Esta polémica es de muy vieja data, pero hasta esa coyuntura se había logrado mantener en la ONU una coherencia conceptual al respecto. Dado que son los Estados y los bloques de poder inter-estatales los que controlan las diversas instituciones internacionales, ya se puede adivinar cuál será el paso siguiente, una vez rota la consistencia conceptual: será la de bloquear progresivamente el trámite de demandas contra los Estados e inundar las instituciones internacionales con demandas contra grupos u organizaciones privadas (no es difícil adivinar, que serán grupos u organizaciones de oposición a los gobiernos). Luego vendrá el tercer paso: la desaparición progresiva de demandas contra los Estados con la consiguiente eliminación (quizás primero “de facto” y luego “de iure”) de esta área de defensa de los ciudadanos frente a las agresiones del Estado. Este proceso de travestismo jurídico culminará en una situación en la que los únicos “violadores de los derechos humanos” y “perpetradores de crímenes de lesa humanidad” serán los grupos de oposición política, retornando así el mundo al ”absolutismo regio”: los ciudadanos quedarán sin defensa ante las agresiones de los Estados y los Estados gozarán de tribunales internacionales para juzgar y sancionar a quienes se opongan y resistan a sus agresiones.

El único argumento que se ha esgrimido para justificar este cambio conceptual es que existen grupos u organizaciones no estatales con capacidad de realizar acciones sistemáticas o a gran escala contra la vida, dignidad y derechos fundamentales de poblaciones civiles. Si se exceptúa el caso de los conflictos bélicos, que tienen otro tratamiento en el Derecho Internacional, para no lesionar el derecho a la rebelión, universalmente reconocido, la sistematicidad o “gran escala” con que un grupo privado pueda agredir a poblaciones enteras, de una manera persistente, implica al menos una tolerancia o aquiescencia de las estructuras del Estado, o revela que los organismos judiciales y defensivos del Estado no funcionan o están en connivencia clandestina con dichos grupos. Es bien sabido que en Colombia y en otros países se ha tratado de presentar como “grupos violentos no estatales” a las estructuras auxiliares de la fuerza pública o paramilitares, que desde los años sesenta ejecutan una política diseñada, apoyada y protegida de terrorismo de Estado, como ya se ha probado suficientemente.

En 1950, cuando se hacían los primeros debates sobre el Código Penal Internacional, el Secretario General de la ONU recurrió a los servicios del experto Vespasiano V. Pella, Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal, con el fin de ayudar a los trabajos de la Comisión. En su extenso aporte (Doc. A/CN.4/39), el experto opina así sobre el Crimen de Lesa Humanidad: “es cometido por personas que actúan en calidad de órganos del Estado (...) este crimen no aparece ya como la violación de una ley penal nacional (..) sino como un acto cometido en el ejercicio de la soberanía del Estado”. (No. 138)

Y luego de que el Proyecto de Código introdujera, en 1954, una cierta ampliación del sujeto activo, extendiéndolo solo “a particulares que actúan por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia”, el Relator del Proyecto, en su tercer informe se mostró en desacuerdo por razones como estas:

(en cuanto a los crímenes de genocidio y de lesa humanidad) la participación de particulares, teóricamente inimaginable, parece imposible de hecho. El genocidio implica una empresa sistemática, y a gran escala, de destrucción de un grupo étnico, nacional o religioso. En el mundo contemporáneo, los particulares difícilmente podrían realizar por sí mismos una tal empresa. Lo mismo cabría decir del resto de los crímenes contra la humanidad, que exigen una movilización de medios de destrucción que solo el ejercicio del poder puede facilitar a sus autores. Algunos de estos crímenes, por ejemplo el Apartheid, solo pueden ser cometidos por un Estado. En resumen, parece discutible que los particulares puedan erigirse en autores principales de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad. (...) En la materia que se estudia no habría que perder jamás de vista que el objetivo perseguido es también, sobre todo, obstaculizar los excesos y el irraciocinio a que expone el ejercicio del poder, y que se trata de prevenir los delitos y las exacciones de quienes poseen los medios formidables de destrucción y de aniquilamiento que amenazan actualmente a la humanidad. Incluso si el sujeto de derecho, en materia de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, es el individuo, tampoco hay que perder jamás de vista que el individuo de que se trata es principalmente la autoridad de un Estado”. [5]

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia cita el argumento del experto Cherif Bassiouni, quien afirma : “ su comisión (de Crímenes de Lesa Humanidad) exige el uso de las instituciones, de personal y de recursos del Estado para realizar, o para estorbar que se impida la comisión de los crímenes específicos descritos en el artículo 6,c de la Carta de Nürnberg [6] En esta misma sentencia, el Tribunal acoge como innovación la ampliación del sujeto activo del Crimen de Lesa Humanidad, pero definiéndola así: “ A este respecto el Derecho se ha desarrollado para tener en cuenta fuerzas que, aunque no sean las de los gobiernos legítimos, tienen control, de hecho, o la posibilidad de movilizarse libremente, dentro de un territorio concreto ”. [7] Esta posición es más racional y aceptable, puesto que una fuerza que tenga pleno control territorial y plena libertad de acción y movimiento en ese territorio puede equipararse a un poder estatal, y en la medida en que tenga ese poder de control tendría que garantizar la protección de la dignidad humana de los residentes e impedir que se agredan los derechos fundamentales del ser humano en ese territorio.

Así, pues, la categoría de CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, de acuerdo a la conceptualización más clásica, es más convincente por lo bien fundamentada, consistente y coherente, según todo lo expuesto, que para los efectos la identifica como CRIMEN DE ESTADO, rechazando las concesiones que se han hecho en instancias internacionales a la ideología neoliberal.

El sentido de la expresión “de lesa humanidad [8], apunta a subrayar la gravedad del crimen, revelando que no se afrenta a un individuo sino a la especie humana como tal. Según el Relator Especial del Proyecto de Código, “podría concebirse en el triple sentido: de crueldad para con la existencia humana; de envilecimiento de la dignidad humana; de destrucción de la cultura humana. Comprendido dentro de estas tres acepciones, el crimen de lesa humanidad se convierte sencillamente en ‘crimen contra todo el género humano’ [9]

El Relator apunta realmente allí a los principales sentidos que en el lenguaje corriente le damos al término “Humanidad”. En efecto:

Cuando señalamos una conducta, actitud o acción como “inhumana”, la entendemos como cruel y despiadada, y en ese sentido como algo que desdice del deber ser humano, que en las relaciones interpersonales debe tener en cuenta la experiencia personal de repudio del sufrimiento y tratar de evitarlo, por imperativo ético, en un ser semejante.

Cuando nos referimos a la “Humanidad”, podemos entender el término en sentido cualitativo o cuantitativo. Como cualidad, puede apuntar a lo que es esencial o característico de los seres humanos, de la misma manera que podríamos hablar de la “animalidad” o la “vegetalidad”. Y en este sentido los crímenes afectan lo más esencial, característico, específico de los humanos: su dignidad elemental y sus derechos elementales de: vida, integridad y libertad, como núcleo más recóndito o esencia ultra-destilada de lo humano. En este sentido, “la humanidad” es agredida en cualquier individuo, cuando se lesiona ese núcleo. Por eso el Relator del Proyecto de Código, continuando el texto citado inmediatamente antes, agrega: “una expresión de esa índole plantearía el problema delicado (...) de determinar si todo atentado grave dirigido contra un individuo constituye un crimen contra la humanidad. Si se considera que el individuo es “poseedor” y custodio de la dignidad humana, “poseedor de los valores éticos fundamentales” de la sociedad humana, el crimen contra la humanidad puede perpetrarse mediante un atentado contra un solo individuo, desde el momento en que tal atentado presente un carácter específico contrario a la conciencia humana. Habría en cierta forma un vínculo natural entre el género humano y el individuo: uno es la expresión del otro [10]

Cuando el término “Humanidad” se entiende en sentido cuantitativo, o sea como el conjunto de los humanos, el crimen contra la humanidad se entiende como un intento de privar a ese conglomerado de seres de riquezas esenciales inherentes a la especie humana como especie, que es el estar compuesta de diversidad de razas, etnias, concepciones políticas, religiosas, ideológicas, etc. que son todas riquezas de la especie, sin las cuales la especie se ve mutilada. Este sentido especial le dio al Crimen de Lesa Humanidad el experto Vespasiano V. Pella, en su Memorandum de 1950, solicitado por el Secretario de la ONU cuando comenzaban los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional. Allí afirma que, para distinguir el acto que se incrimina de delitos comunes contra la vida, la integridad o la libertad, “lo que transforma semejantes actos en crímenes contra la humanidad es el hecho de que están dirigidos esencialmente contra el género humano que está formado de razas, nacionalidades y religiones diferentes y que presenta una pluralidad de concepciones filosóficas, sociales y políticas (...) Estando el crimen contra la humanidad dirigido contra bienes jurídicos comunes a una categoría de personas (razas, nacionalidades, religiones etc.) no atañe al individuo considerado aisladamente sino al individuo en cuanto miembro de una colectividad (...) A la protección penal general de la vida humana, de la libertad y de otros bienes jurídicos inherentes a la existencia del hombre en el seno de la sociedad, se superpone por consiguiente una protección especial. Son la raza, la nacionalidad, la religión y otros elementos de diversidad del género humano los que conforman el objeto de esta protección penal especial (...) En la definición legal del crimen contra la humanidad hay que admitir la noción del “dolus specialis”. Al hacer del móvil, es decir, de la intención criminal especial, un elemento constitutivo del crimen contra la humanidad, se llega así a la distinción neta y precisa entre estos crímenes y los crímenes y delitos de derecho común reprimidos por todas las legislaciones del mundo [11]

No sobra reiterar, finalmente, que la sola utilización de los términos “humano” y “humanidad” hace trascender el derecho interno de los Estados y hace situarse en un orden jurídico que está por encima de los Estados, o en unos “derechos superiores al Estado” (para emplear la expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), que hay que reivindicar solo en el evento en que el Estado mismo se convierta en su agresor.

Javier Giraldo M., S. J.
[Texto escrito como parte de la introducción a la primera entrega del Informe Colombia Nunca Más, publicado en noviembre de 2000 con el respaldo de 18 organizaciones no gubernamentales]


[1Cfr. Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia, Caso No. IT-94-1-T, Opinion and Judgment of 7 May 1997, No. 618-621

[2Doc. A/CN.4/398*, del 11 de marzo de 1986, No. 11

[3Sentencia citada antes, No. 627

[4Documentos oficiales de la Asamblea General, noveno período de sesiones, Suplemento No. 9 (A/2693 y Corr. 1) pg. 10-11

[5Doc. A/CN.4/387*, del 8 de abril de 1985, No. 13 y 16

[6Bassiouni, Cherif, Crimes Against Humanity in International Criminal Law,pg 248-249, citado en sentencia del caso IT-94-1-T, del 7 de mayo de 1997, # 654.

[7Sentencia antes citada, # 654

[8El término “Lesa” viene del latín “laesae”, que corresponde al participio presente, en voz pasiva, del verbo “Laedo”, que significa: herir, injuriar, causar daño. De allí las expresiones latinas: “laesae maiestatis” (de lesa majestad), “laesae humanitatis” (de lesa humanidad) que literalmente se traducen: (crimen) de majestad injuriada, o de humanidad injuriada (o herida, o lesionada)..

[9Doc. A/CN.4/398*, 11 de marzo de 1986, No. 12

[10Ibid. No. 13

[11Memorandum del Profesor Vespasiano V. Pella al Secretario general de la ONU, Doc. A/CN.4/39, 24 de noviembre de 1950, # 138

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