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Droga y Conflicto Social en Colombia

Martes 23 de noviembre de 2004, por Javier Giraldo M. , S.J.

Droga y conflicto social
en Colombia

El nombre mismo de Colombia tiene el estigma de estar asociado al cultivo, procesamiento y tráfico de cocaína y heroína, lo cual es considerado un “delito” de alcance mundial, ante el cual la comunidad internacional solo piensa en reaccionar con medidas represivas, ya que estas drogas producen un deterioro profundo en la salud física y mental de quienes las consumen.

Desde hace muchos años, los gobiernos de los Estados Unidos se han basado en este hecho para intervenir en Colombia con presencia cada vez más grande de asesores militares, con todo un aparato de investigación y con programas de destrucción de cultivos y laboratorios. Dado que los movimientos insurgentes financian parte de sus actividades con impuestos al comercio de la droga, los Estados Unidos consideran que esto es motivo suficiente para que sus donaciones y sus agentes se dediquen a combatir a la insurgencia, ya bautizada por ellos como “narco-guerrilla”.

Pocas veces se piensa que Colombia es más bien una víctima de este fenómeno, cuyas raíces, intereses y beneficios están en el hemisferio Norte.

Desde comienzos de los años 80 se fue conformando en Colombia un sector de economía ilegal que fue reproduciendo las mismas estructuras injustas de la economía legal. En la base de este sector se integraron progresivamente alrededor de 300.000 familias, en su mayoría miserables y desplazadas por la violencia de otras regiones del país, que tuvieron que asentarse en las regiones más alejadas de los centros desarrollados, donde la tierra no tenía propietarios por ser selvas inhóspitas. Esa casi imposible supervivencia, en condiciones infrahumanas, se vio en cierto modo “aliviada” cuando se desarrolló el negocio de la coca. Comenzaron a llegar intermediarios que costeaban los primeros gastos del cultivo o del procesamiento de la hoja de coca y luego venían a comprarles la producción.

Se ha calculado que los campesinos que procesan la pasta básica de la cocaína reciben en pago sumas 250 veces inferiores a las recaudadas por quien vende la droga en los países del Norte, y 40 veces inferiores a los que la comercian en Colombia antes de la exportación [1]. Sin embargo, la participación en ese negocio se convirtió para esas familias en la única alternativa de supervivencia. No pueden cultivar otros productos agrícolas, pues esas tierras recuperadas a la selva suelen ser un “desierto verde”, pero si logran cultivar otras cosas, no pueden venderlas, pues no hay carreteras y los otros medios de transporte son tan caros que, en lugar de recibir alguna ganancia, tendrían que perder sumas enormes.

Hasta ahora ninguna de las propuestas gubernamentales de substitución de cultivos ha tenido en cuenta estas realidades, pues ninguna alternativa contempla el desarrollo y una cierta garantía de comercialización de los productos agrícolas alternativos.

Pero si se analiza el conjunto del negocio de la droga, solamente entre un 2 al 4% del producto de su venta en los países del Norte retorna a Colombia y circula en su economía clandestina. El 96% restante se queda en el Norte irrigando su economía [2].

El pequeño porcentaje del lucro que ingresa a Colombia representa un mínimo de mil millones de dólares anuales, aunque ha habido años en que ha llegado a cerca de cuatro mil millones. Uno de los sectores más utilizados por los narcotraficantes colombianos para legalizar ese dinero ha sido la compra de las tierras más productivas. Según investigadores sociales de prestigio, ya en 1993 los carteles habían comprado cerca de tres millones de hectáreas de las mejores tierras, en 250 municipios del país, entre un total nacional de 8 millones de hectáreas de tierra con buenas capacidades agrícolas. Esto explica un poco la estrecha relación entre el narcotráfico y la violencia, pues la mayoría de esas tierras estaban ubicadas en zonas con presencia guerrillera, y por ello los narcotraficantes decidieron apoyar a los escuadrones de la muerte paramilitares, con el fin de expulsar de esas zonas a los insurgentes. El resultado visible ha sido el escalamiento sin precedentes de la violencia política a partir de 1985.

Cuando uno trata de entender el discurso de los países del Norte que son los que obtienen el mayor lucro del narcotráfico, particularmente el de los gobiernos de los Estados Unidos cuya “política anti-narcóticos” parece ser la más agresiva, encuentra innumerables incoherencias. Solo me refiero enseguida a algunas de ellas:

Se dice que “la guerra contra las drogas” se configuró en los gobiernos de Reagan y Bush (padre) y que tuvo como intención la de producir un alza exorbitante en el precio de los alucinógenos para, por esa vía, disminuir el consumo. Pero aunque rápidamente se comprobó que el consumo no disminuía sino que ha seguido en aumento constante hasta hoy, también se comprobó que esa “guerra” había diseñado el mejor negocio del mundo. Se obtenían allí ganancias del orden del 20.000% que en su casi totalidad se quedaban en el Norte. Un estudio de la revista “Le Figaro”, de París, mostraba que en 1995 el narcotráfico llegó a generar ganancias de trescientos mil millones de dólares, equivalentes a las dos terceras partes de los recursos de los bancos estatales del mundo. [3]

El eje de una “guerra” tan lucrativa estaba, sin duda ninguna, en la prohibición. El mercado de la cocaína y de la heroína era excluido de la ley fundamental del sistema capitalista: la “ley de la oferta y la demanda”. ¿Qué podría motivar una decisión tan anti-sistémica, que pone en tela de juicio uno de los fundamentos del capitalismo? Se dice que razones “éticas”, ya que las drogas alucinógenas deterioran la calidad de la vida. Pero, entonces, ¿por qué no se prohíbe la fabricación y el comercio de armas, en cuya esencia está la finalidad, no de deteriorar vidas sino de eliminarlas?

Pero si se quiere preservar la calidad de la vida de las juventudes norteamericanas y de los países del Norte, tampoco se entiende por qué la represión no se dirige contra los consumidores sino contra los productores. La gran mayoría de estos solo piensan en sobrevivir, y una minoría piensa en el gran lucro que le reporta ese producto. Los que piensan en destruir sus vidas son los consumidores y los que más se lucran con ese crimen (en un 98%) son los comerciantes del Norte). ¿Quién puede entender que la represión se dirija casi en su totalidad a los pobres países del Sur?

Si los más culpables de destruir vidas humanas con las armas son quienes las usan y en menor medida quienes las producen, ¿por qué la “guerra contra la droga” funciona a la inversa?

Uno se pregunta si la “guerra contra las drogas” tiene como objetivo realmente disminuir el consumo de drogas en el mundo, o al menos en los países del Norte. Una prueba evidente de que ésta no es la intención, nos la da el Plan Colombia , una estrategia diseñada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para el gobierno de Pastrana (1998-2002) que tenía como eje la “lucha contra la droga”, eje desde el cual se pretendía aportar a la solución de casi todos los problemas sociales y políticos de Colombia. Cuando el debate sobre este Plan llegó al Congreso de los Estados Unidos, el senador Wellstone, de Minnesota, demostró, mediante estudios de la misma Rand Corporation, que era 23 veces más efectivo, para disminuir el consumo de drogas, invertir en el tratamiento médico psiquiátrico a los consumidores, que en la represión en países productores. [4] La indiferencia total de los congresistas frente a las propuestas del senador Wellstone comprueba que el mismo Congreso USA no tiene interés alguno en disminuir el consumo. ¿Entonces qué busca la “guerra contra las drogas”?

No hay duda de que la prohibición es el eje sobre el cual descansa el lucro. Si la droga no fuera prohibida, su precio se derrumbaría inmediatamente y, una vez eliminada su altísima rentabilidad, su producción y comercialización quedarían sin estímulo.

Esto lo han entendido personas como el ex embajador británico en Colombia, Keith Morris (1990-94), quien hoy trata de convencer a muchos gobiernos de que abandonen el “prohibicionismo” y diseñen una política de “regulación” del comercio de drogas. En reportaje al diario El Tiempo, de Bogotá, afirmaba que está convencido de que “prohibirlas no sirve para nada”, y de que el combate contra la producción “ha fracasado con unos costos enormes [5]

Aún más, el 6 de junio de 1998, 800 intelectuales y hombres de Estado dirigieron una carta al Secretario General de la ONU, Kofi Annan, en la que afirmaban que “la guerra contra la droga está causando más perjuicios que el mismo abuso de las drogas (...) Querer frenar el abuso de la droga prohibiendo la droga, solamente ha llevado a crear una industria ilegal que cuesta cuatrocientos mil millones de dólares, en grueso el 8% del comercio internacional (...) Esa industria ha fortalecido el crimen organizado, ha corrompido a los gobiernos en todos los niveles, ha erosionado la seguridad interna, ha estimulado la violencia y ha distorsionado, tanto los mercados económicos como los valores morales ...” Entre los firmantes estaban Javier Pérez de Cuellar, George Shultz, Milton Friedmann y Adolfo Pérez Esquivel.

El profesor Noam Chomsky, ilustre lingüista del Instituto Tecnológico de Massachussets, ironiza más fuertemente la política de su país: “A Estados Unidos no le preocupa principalmente el tráfico de drogas. Más bien hay un problema interno que tiene EU con el uso de estas sustancias peligrosas. Y la más peligrosa, de lejos, es el tabaco. La siguiente sería el alcohol y mucho menos significativa sería la cocaína. Y quiero decirle que, además, todo el mundo sabe cómo manejarlos. Supongamos el caso del tabaco, que es el más grave, hay casi medio millón de muertes al año producidas por su consumo. No se manejó fumigando los cultivos de tabaco de Carolina del Norte, ni se resolvió enviando escuadrones paramilitares a asesinar a líderes sindicales. Se manejó con programas educativos y de tratamiento (...) Allá se entiende perfectamente que la manera de reducir el consumo es con la prevención y el tratamiento. Pero las políticas respecto a las drogas para el caso de Colombia sí tienen consecuencias, como la destrucción de los movimientos sociales, parte del programa general de contrainsurgencia”. [6]

El profesor Chomsky “pone el dedo en la llaga”. Es ya muy evidente que la “guerra contra las drogas” no busca disminuir el consumo de drogas sino que tiene otros objetivos no confesos. En Colombia es muy claro que constituye la fachada o pretexto para intervenir en el conflicto social y político interno.

Un oficial del ejército estadounidense, Stan Goff, quien trabajó por dos décadas en las Fuerzas Especiales, unidad que se dedica a entrenar ejércitos del Tercer Mundo, colaboró en el entrenamiento de Fuerzas Especiales del ejército colombiano y más tarde afirmó: “Sabíamos perfectamente, como también lo sabían los comandantes de la nación anfitriona, que los narcóticos eran una excusa ridícula para fortalecer las capacidades de tropas que habían perdido la confianza de la población, luego de años de atropellos (...) Pero yo me había ido acostumbrando a las mentiras. Estas eran la moneda corriente de nuestra política exterior”. [7]

Así, pues, la “guerra contra las drogas” en Colombia, significa, además de fumigar los cultivos de familias miserables que no han encontrado otra manera de subsistir, destruir su medio ambiente, arruinar su salud y matar a sus animales, es el “caballo de Troya” de una persistente intervención militar norteamericana que busca destruir los movimientos sociales organizados alrededor de proyectos de una sociedad alternativa. Pero de ninguna manera busca disminuir el consumo de alucinógenos. Por el contrario, la prohibición y la “guerra” son la base en la que descansa el negocio más lucrativo del hemisferio Norte.

Javier Giraldo M., S. J.
[Artículo escrito para la revista CHOISIR, de los jesuitas suizos, No. 513, septiembre de 2002, pg. 22 y ss]


[1Un artículo bien documentado sobre esto fue publicado en el diario El Espectador, de Bogotá, el 18.08.96, por el periodista Javier Darío Restrepo, bajo el título: “La Guerra contra el primer eslabón de la coca” (pg. 6 A)

[2Estos cálculos son confrontados entre los suministrados por el equipo económico del diario El Espectador, de Bogotá, (publicados el 05.12.93) y los de la revista Semana, también de Bogotá, (publicados el 13.04.93).

[3Cfr. artículo: “Los banqueros ganan la guerra del blanqueo”, El Espectador, 26.05.96, pg. 8 A.

[4Amendment to the Foreign Operations Appropiations Bill (S.2522), del senador Paul Wellstone (Demócrata de Minnesota) en mayo 2000. Cfr. Web page: http://cipoline.org/colombia/aid/congress.htm

[5diario El Tiempo, Bogotá 31.05.02, pg. 1-20

[6Entrevista a Noam Chomsky por semanario El Espectador, de Bogotá, el 19.05.02, cuando recibió un doctorado “Honoris Causa” por la Universidad Nacional de Colombia.

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