Ex soldado Oswaldo Giraldo Yepes Otro testigo asesinado

Un hecho que ha permanecido oculto ante el país es el asesinato, el 2 de abril de este año 2005, en la población de Yarumal, Antioquia, del ex soldado Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes. Había sido uno de los testigos más valerosos en el proceso penal que se siguió contra el General retirado Rito Alejo del Río1 por su apoyo al paramilitarismo en Urabá y por los centenares de crímenes relacionados con esa estrategia.

Giraldo Yepes ingresó al ejército en 1991 cuando prestó su servicio militar en Melgar, y luego se inscribió como soldado profesional. Después de un receso de 6 meses en 1993, regresó al ejército y fue adscrito al Batallón de Contraguerrilla No. 11 Cacique Coyará, de la Brigada XI de Montería, donde también conoció y vivió la práctica del accionar conjunto militar- paramilitar bajo la comandancia del entonces Coronel Carreño Sandoval, quien, según su testimonio, albergaba en la brigada a Castaño y a Mancuso. En 1995 pasó, con todo el Batallón Coyará, a la Brigada XVII en Carepa, comandada por el General Del Río. En esa época presenció los horrores que más le repuganaron y que denunció repetidas veces ante la Fiscalía y la Procuraduría, pues sus comandantes de brigada, batallón y patrulla actuaban en unidad de acción con las bandas paramilitares en cuyo cruce lo obligaban a actuar, llegando a ser testigo de masacres que se ocultaban bajo el manto de enfrentamientos armados, táctica que entre sus compañeros llegó a tomar el nombre de “legalizar muertos”.

Escapó a un atentado en Mutatá luego de expresar su inconformismo con ese tipo de acciones y alianzas, pero logró que lo reubicaran, primero en la Brigada Móvil No. 3 y luego en el Batallón Granaderos de la Cuarta Brigada de Medellín, descubriendo en ambas unidades idénticas estrategias de alianza con el paramilitarismo, lo que lo llevó a pedir la baja por la repugnancia que eso le producía.

A poco tiempo de retirarse del ejército le tocó presenciar la muerte violenta de un hermano suyo en Yarumal, a causa de haber denunciado la connivencia de la Policía con los paramilitares. Recuperó un arma corta de otro hermano suyo que murió en un misterioso accidente siendo Cabo del ejército, y fue detenido entonces por “porte ilegal de armas”. Desde una cárcel de Santa Rosa de Osos comenzó su serie de denuncias de lo que vivió en el ejército, siendo amenazado en forma contundente por paramilitares que le tendieron también un cerco de terror a sus familiares. Luego de ser dejado en libertad, fue nuevamente detenido y acusado de “concierto para delinquir”, pues la Fiscalía verificó los datos de sus numerosas declaraciones y los encontró coherentes, pero utilizó esa verdad solamente contra el mismo denunciante y no contra los denunciados. Se le acusó de haber colaborado con los paramilitares y se rechazó su explicación de que solo obedecía órdenes de sus superiores. Su primer abogado de oficio solicitó que no lo consideraran co-autor sino cómplice, con la atenuación adicional de que él no sabía, la mayoría de las veces, qué era lo que iba a presenciar en cada ocasión, lo cual era decidido por sus superiores. Sin embargo se le dictó resolución de acusación.

El abogado del General Rito Alejo lo visitó en la cárcel y contra su voluntad le impuso otro abogado que era de su mismo bufete. Comenzó entonces una presión para obligarlo a retractarse de todo lo denunciado. En las numerosas notas que Oswaldo envió desde la cárcel a la Fiscal de su caso, quedaron huellas evidentes de sobornos y amenazas; allí mismo reveló que estaba al borde del suicidio. Una primera audiencia de retractación con el título cosmético de “ampliación de declaración” se llevó a cabo el 25 de julio de 2002 en la Cárcel de Bellavista de Medellín, pero allí solo pidió que no se tuvieran en cuenta sus declaraciones, pues había llegado a la conclusión de que la justicia no existe en Colombia. En posteriores autos, tanto la Fiscalía como la Procuraduría invalidaron la retractación porque se evidenciaba que era fruto de violencias y no se compadecía con la actividad probatoria que ratificaba sus denuncias. Sin embargo, las presiones se extremaron y lo obligaron a retractarse en una nueva “ampliación de declaración” el 9 de diciembre de 2002, esta vez respondiendo al minucioso interrogatorio formulado por el Doctor Orlando Perdomo Ramírez, abogado del General Del Río, quien fue limpiando, mediante preguntas calculadas, todas las sindicaciones contra los militares. Oswaldo ya había “negociado” previamente su retractación. Si el precio fue su vida o su libertad, es un misterio, pero quienes lo encontraron en la cárcel esa semana lo vieron llorar inconsolablemente, afirmando que se sentía el ser más miserable del planeta porque lo habían obligado a mentir. Para quienes conocimos el expediente y cotejamos sus denuncias con otros numerosos elementos probatorios, era más que evidente que tal “retractación” era fruto de una extrema violencia. Le solicitamos al Fiscal General Luis Camilo Osorio adelantar investigaciones de oficio por esa violencia que dejó huellas inocultables en el expediente, pero él en la sentencia se negó rotundamente a hacerlo.

Para todos los que observamos el proceso, Oswaldo era un “condenado a muerte”. Tratamos de estar atentos a su libertad tan ominosamente conseguida, pero cuando llegó la orden de libertad llovieron otras numerosas “órdenes de captura” en su contra, las que él calificó como montajes. El 15 de diciembre de 2003 silenciosamente fue dejado en libertad y regresó a su tierra donde ya su madre había sido sepultada agobiada por el dolor. Hermanos y amigos le dieron la mano en su desprotección y penuria económica en que salió, pero los paramilitares vigilaron de cerca su “libertad”. Un paramilitar que coincidió con él en la cárcel de Bellavista lo visitó repetidas veces fingiéndose su amigo de desgracias. Le llevó regalos para ganarse su confianza y en abril de este año llegó con un grupo de delincuentes a obligarlo a trasladarse a la hacienda La Carolina, centro de entrenamiento paramilitar ubicado en el corregimiento de Los Llanos de Cuivá, de Santa Rosa de Osos, donde le anunciaban un salario de ochocientos mil pesos mensuales. Oswaldo se negó rotundamente a irse con ellos. Al día siguiente, al amparo de una nueva visita “amistosa” le dispararon por detrás mientras conversaba por teléfono. Inquieta profundamente el registrar que la hacienda La Carolina ha sido mencionada recientemente en referencia a actividades paramilitares supuestamente dirigidas por familiares del Presidente Uribe Vélez, propietarios de la misma2

Tanto la Parte Civil en el proceso contra el General Del Río, como las 68 organizaciones y movimientos sociales que protestaron contra la sentencia de preclusión en su favor, que constituye un descomunal monumento a la corrupción y a la impunidad, solicitaron al Fiscal Osorio investigar al abogado del General por sus visitas a Oswaldo en la cárcel llevándole dinero; por haberle cambiado el abogado contra su voluntad y por haber influido tan evidentemente en su “retractación”. El Fiscal se negó a hacerlo, como se negó también a responder a 150 cuestionamientos sobre iregularidades escandalosas en el proceso. Fiscalía y Procuraduría terminaron avalando la última retractación negociada y abandonaron a la víctima en las fauces rabiosas de sus victimarios, sin atender a los clamores para evitar su “muerte anunciada”.

Ciertamente Oswaldo no es el primer testigo incómodo que termina así su vida. Miles lo han precedido. Pero ojalá un día el país reaccione frente a esta “justicia”, que de justicia solo tiene su reverso.

Javier Giraldo, S. J.