Acciones jurídicas

• El Caso Mateo Gutiérrez León Exponente de la “justicia”-montaje
  16 de agosto de 2019, por Javier Giraldo M. , S.J.

  El estudiante de sociología de la Universidad Nacional, Mateo Gutiérrez León, fue víctima de un montaje que lo quiso vincular a un episodio de lanzamiento de panfletos de un supuesto “Movimiento Revolucionario Popular”, evento en el cual hubo coerción contra un joven, quien habría sido inmovilizado y su celular robado. Policías y miembros del CTI buscaron a quién acusar del hecho para mostrarse “eficientes” y encontraron un chivo expiatorio entre los estudiantes de (...)

• Ineptitudes de la JEP
  9 de mayo de 2019, por Javier Giraldo M. , S.J.

  Entre la JEP diseñada en las conversaciones de La Habana y la JEP que sale confeccionada tras la incidencia de las élites político económicas en el “post acuerdo”, existen pocas afinidades. Subsisten muchos párrafos y mecanismos comunes pero sus herramientas ejes de justicia fueron invalidadas, algunas de manera sutil y con derroche de hipocresía, otras de manera cínica.
  Es triste que un proceso que mantuvo al país y al mundo en (...)

• Carta a la Juez Promiscua Segunda de Apartadó (Antioquia, Colombia)
  13 de febrero de 2019, por Javier Giraldo M. , S.J.

  El 24 de septiembre de 2018 el Coronel Carlos Alberto Padilla, comandante de la Brigada XVII del ejército con sede en Carepa, Antioquia, instauró una acción de tutela contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, alegando que las constancias históricas mediante las cuales la Comunidad apela al país y al mundo frente a las violaciones de sus derechos perpetradas por agentes directos e indirectos del Estado, dañan el buen nombre de los militares, exigiendo en consecuencia que esos (...)

• Observaciones al Auto 693 de 2017 de la Corte Constitucional
  25 de mayo de 2018, por Javier Giraldo M. , S.J.

  La Corte Constitucional ha sido quizás la única institución que se ha acercado a la tragedia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y ha tratado de protegerla frente a las demás instituciones del Estado. Ya van tres sentencias protectoras desde 2003, pero siempre enfrentan el problema del DESACATO por las demás autoridades. En la Sentencia T-1025 de 2007 sanjó la discusión con el Ministerio de Defensa, el cual alegaba que dar los nombres de militares y policías que estaban presentes en las zonas donde se perpetraron los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, equivalía a violar reservas o a afectar el buen nombre o el debido proceso de los agentes. La Corte sostuvo que, por el contrario, ello pertenecía a la esencia de la democracia, al derecho fundamental a la información y a los derechos fundamentales de las víctimas. Sin embargo, los militares desacataron esa orden hasta ahora. En 2012, en seguimiento de esa sentencia desacatada, la Corte ordenó en el Auto 164, no sólo dar los nombres sino revisar la presencia inconstitucional de la fuerza pública en ciertas áreas; constituir una comisión de evaluación de la justicia en la zona; respetar las zonas humanitarias y le ordenó al Presidente retractarse de las calumnias emitidas contra la Comunidad de Paz desde la Presidencia y elaborar estrategias contra la estigmatización y de protección de la Comunidad contra las violaciones sistemáticas de sus derechos. Para la Comunidad, nada ha sido acatado hasta ahora por las demás instituciones. La Corte emitió otro Auto de seguimiento (Auto 693 de 2017) y si bien reitera allí la obligación que tienen los miembros de la fuerza pública de dar sus nombres, otras decisiones de la Corte debilitan sensiblemente la protección que la Comunidad había sentido en ella en los años pasados: le delega el seguimiento de la Sentencia y los Autos a la Defensoría, la cual no es respetada por las demás instituciones del Estado; renuncia a exigirle al Presidente perfeccionar la retractación de las calumnias; renuncia a impulsar la evaluación de la justicia y a buscar mecanismos efectivos para detener la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad, todo lo cual lo delega en mecanismos originados en el Acuerdo de Paz cuya implementación soporta profundas discusiones y discrepancias como la JEP o la Unidad para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales. La Comunidad se siente, pues, hoy, más huérfana que nunca.

• Permanent Peoples’ Tribunal - Peoples’ Tribunal on Sri Lanka
  27 de enero de 2014, por Javier Giraldo M. , S.J.

  The Permanent Peoples’ Tribunal (PPT) is an international opinion tribunal, independent from any state authority. It examines cases regarding violations of human rights and the rights of peoples.
  Promoted by the Lelio Basso International Foundation for the Rights and Liberation of Peoples, the PPT was founded in June 1979, in Bologna, Italy, by a broad spectrum of legal experts, writers, and other cultural and community leaders (including five Nobel Prize laureates) from 31 (...)

• Carta al Comandante de Policia Uraba
  20 de noviembre de 2013, por Javier Giraldo M. , S.J.

  "... pensar siquiera que un operativo en el que se vulneran derechos de los ciudadanos o se cometen crímenes horrendos puede estar relacionado con la “seguridad nacional”, es aceptar sin vergüenza alguna que el Estado que tenemos es un Estado criminal. Pero aún más, alegar intereses de seguridad nacional para ocultar la identidad de agentes estatales que estuvieron en un sitio supuestamente cumpliendo órdenes superiores o institucionales, es reconocer que se está utilizando de (...)

• Ratificación Objeción de Conciencia ante el CTI
  19 de noviembre de 2013, por Javier Giraldo M. , S.J.

  Tengo impedimentos de primer orden para cumplir con esa diligencia, dado que desde el año 2009 más explícita y conscientemente asumí una Objeción de Conciencia, sustentada en el Artículo 18 de la Constitución Nacional, frente a este tipo de solicitudes.
  Bogotá, noviembre 5 de 2013
  Sra. EDDA ROCÍO SÁNCHEZ DÍAZ
  Grupo Investigaciones Fiscales Delegados ante Jueces del Circuito Especializados y/o Tribunal
  Carrera 33 No. 18-33 Piso 2 Edificio Manuel Gaona – Torre de Cristal
  BOGOTÁ, D. (...)

• Respuesta a la carta del Ministro de Defensa de Colombia, sobre el Caso Tipo Deuda con la Humanidad 2
  15 de febrero de 2012, por Javier Giraldo M. , S.J.

  Señor Ministro, le ruego excusarme por las opiniones y conceptos que contradicen los suyos y los de su institución, pero he preferido responderle desde una muy larga y muy dolorosa experiencia personal.

• Respuesta al Jefe del Área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa – Policía Nacional
  15 de febrero de 2012, por Javier Giraldo M. , S.J.

  Espero, Señor Coronel, que comprenda las razones de orden fáctico y de orden jurídico que fundamentan la exigencia del retiro del puesto de policía construido en San José de Apartadó y encuentren un modo de presencia de la Policía más acorde con la Constitución.

• Respuesta al Comandante del Departamento de Policía Urabá
  15 de febrero de 2012, por Javier Giraldo M. , S.J.

  Con el deseo de que en posteriores comunicaciones no se siga ignorando la posición de la Comunidad de Paz en sus requisitos mínimos de buena fe e invitando a la Policía Nacional a que ayude a urgirle al Gobierno Nacional la aceptación de estas mínimas condiciones de buena fe, de tal modo que pueda restablecerse una interlocución entre la Comunidad de Paz y las instituciones del Estado sobre bases de transparencia, honestidad y buena fe y ello contribuya a erradicar comportamientos que (...)

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